El patrimonio del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, seguirá reservado hasta 2030; FGR informó en una audiencia que no logró localizarlo para citarlo en el caso Farías Laguna
CIUDAD DE MÉXICO. El patrimonio del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, permanecerá fuera del escrutinio público hasta el 1 de enero de 2030. La confirmación llegó de dos fuentes distintas y en momentos distintos: la reserva de sus declaraciones patrimoniales, resuelta por el propio Comité de Transparencia de la Semar, y la revelación de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró ubicarlo para notificarle un citatorio como testigo en el proceso penal contra su sobrino político, el excontralmirante Fernando Farías Laguna.
Una reserva que abarca a miles, no solo a Ojeda
La opacidad sobre el patrimonio del exsecretario no es un caso aislado ni una decisión tomada exclusivamente en torno a su figura. El Comité de Transparencia de la Marina determinó, desde el 1 de enero de 2025, clasificar durante cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2 mil elementos de la institución que causaron alta o baja entre octubre y diciembre de 2024. El argumento oficial: proteger a personal vinculado a operaciones de inteligencia y seguridad de un eventual uso malicioso de esos datos por parte de organizaciones criminales.
Es una justificación que, dado el contexto —altos mandos navales señalados por huachicol fiscal, contrabando de hidrocarburos y presuntos vínculos con el crimen organizado—, merece ser mirada con escepticismo. Reservar el patrimonio de miles de militares por razones de seguridad es una cosa; que esa misma reserva termine protegiendo también la información financiera de quien encabezó la Secretaría durante años en que, según investigaciones en curso, se habría gestado buena parte del esquema de huachicol fiscal, es otra.
Lo poco que se sabe, y lo mucho que no
Los últimos datos públicos sobre el patrimonio de Ojeda datan de diciembre de 2018, cuando reportó un ingreso mensual de 129 mil 967 pesos como secretario de Marina, un vehículo Mitsubishi Endeavor 2009 adquirido a crédito y un saldo hipotecario de alrededor de 143 mil 869 pesos por un préstamo original de 915 mil pesos contratado en 2012. No declaró inmuebles ni inversiones en esa versión pública. El dato más reciente disponible es de mayo de 2023, cuando reportó ingresos por un millón 823 mil 206 pesos durante 2022, sin señalar otras fuentes de ingreso.
Entre esa fecha y su salida del cargo en 2024 —y hasta ahora— no existe forma de rastrear públicamente cómo evolucionó su patrimonio. La reserva impide precisamente responder la pregunta más relevante: qué bienes, propiedades o inversiones acumuló Ojeda durante sus últimos años al frente de una de las instituciones con mayor presupuesto y menor fiscalización externa del país.
La FGR dice que no pudo encontrarlo
El otro elemento que ha devuelto a Ojeda a la conversación pública es distinto en origen pero igual de inquietante en sus implicaciones. Según relató el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de Fernando Farías Laguna, la FGR informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega que no logró localizar al exalmirante para notificarle un citatorio como testigo, solicitado por la propia defensa. El litigante fue tajante al describir la situación: “nadie sabe ahora dónde vive”.
Conviene ser precisos: esa afirmación proviene de la defensa de un imputado, no de un pronunciamiento oficial de la FGR que declare a Ojeda prófugo o desaparecido. Tampoco existe acusación formal en su contra dentro de esta causa. Pero el hecho de que el aparato de procuración de justicia del Estado mexicano —con acceso a bases de datos, domicilios fiscales, CURP y registros migratorios— diga no poder ubicar a un almirante en retiro que ocupó uno de los cargos de más alto perfil del gabinete de seguridad, es cuando menos llamativo.
Dos hechos que coinciden, pero no se explican entre sí
Es importante no confundir ambos episodios. La reserva patrimonial fue resuelta en enero de 2025, meses antes de que se solicitara la comparecencia de Ojeda en el caso Farías Laguna, y responde a una medida institucional más amplia, no a una decisión tomada para protegerlo específicamente de este proceso. No hay evidencia de que un hecho haya causado el otro.
Lo que sí queda claro es el patrón: un exfuncionario de alto nivel, señalado indirectamente por el parentesco con un procesado por delincuencia organizada en un esquema de contrabando de combustibles, cuyo patrimonio está blindado por ley hasta 2030 y a quien el propio Estado dice no poder encontrar cuando necesita citarlo. Que cada elemento tenga, por separado, una explicación institucional no disuelve la pregunta de fondo: ¿por qué la rendición de cuentas de los altos mandos militares sigue dependiendo de excepciones, plazos de reserva y coincidencias procesales, y no de información abierta y verificable?
