Jóvenes activistas en Yucatán alertan sobre intervención de empresas israelíes en el sector hídrico estatal

La presencia de empresas israelíes, durante el Pro Agro Innovación 2026, evento recientemente organizado por el gobierno de Yucatán, generó polémica, principalmente entre jóvenes, por la presunta intervención que tendrían esos corporativos extranjeros sobre el control del sector hídrico estatal, además de generar animadversión por la guerra genocida contra Palestina.  

En respuesta, jóvenes activistas iniciaron una campaña en redes sociales para alertar de esta situación bajo el lema “Lo que pasó en Gaza puede pasar en tu casa” y también afirmaron que se trataría de una “colonización silenciosa” israelí en tierras de la Península de Yucatán.

Y es que durante la segunda edición del evento denominado Pro Agro Innovación 2026, que reunió a más de 150 empresas expositoras y la participación de representantes de más de 10 países, el gobierno de Yucatán –que preside el morenista Joaquín Díaz Mena- promovió la incorporación de tecnología y nuevas oportunidades de inversión para el sector agroindustrial, con la presencia de compañías israelíes.

No obstante, la participación de estas empresas provocó cuestionamientos en redes sociales en lo que sería el manejo del agua potable y demás recursos hídricos, así como  posibles riesgos que tendrían los pobladores de Yucatán.

A todo esto, hay un antecedente: en junio del 2021, el entonces gobernador de Yucatán –y actual senador- el panista Mauricio Vila Dosal firmó una carta de intención con el Estado de Israel para ampliar la cooperación e intercambio en diversos campos como la atracción de nuevas inversiones, tecnologías de la información, entre otros.

En ese año, en medio de la pandemia del Covid-19, Vila explicó que Israel se interesaba en invertir en tecnologías de la información, agricultura, seguridad pública y cambio climático, entre otros más.

Invitado, el actual embajador de Israel en México, Yoed Magen, estuvo presente en el Pro Agro Innovación 2026, con el objetivo de apoyar la presencia de seis empresas de ese país y aprovechó para recordar la carta de intención de invertir en la entidad a solicitud del entonces gobernante Vila Dosal.

A esta polémica, Morena Yucatán condenó la carta de intención de 2021, firmada por el gobierno de Mauricio Vila, con el gobierno israelí. A través de un comunicado, emitido el lunes 12 de octubre, la dirigencia local del partido guinda llamó a los organizadores el Pro Agro y al sector productivo a recapacitar sobre la presencia de estas empresas en Yucatán.

“Que toda relación comercial en el estado se revise con apego a los derechos humanos y al derecho internacional”, sostuvo Morena y enfatizó que Yucatán quiere tecnología para su campo y la quiere de la mano de la paz. “Morena Yucatán está con el pueblo palestino y con la política exterior de la presidenta de México”, finalizó el comunicado. 

Pro Agro con Israel

Este encuentro se realizó del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI e incluyó exhibiciones de maquinaria, insumos, tecnología y financiamiento, además de reuniones comerciales entre productores, inversionistas y compañías.

El secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, en representación del mandatario Joaquín Díaz Mena, señaló que el objetivo era ampliar las oportunidades de los productores mediante el acceso a tecnología, financiamiento y mercados nacionales e internacionales. El funcionario también estimó que las transacciones promedio podrían alcanzar los 30 mil dólares por empresa participante.

El documento gubernamental mencionó alianzas con Israel Trade&Investment y otras organizaciones para impulsar el intercambio de conocimientos y las oportunidades de inversión.

Sin embargo, agrupaciones de jóvenes activistas de la generación Z alertaron por el posible ingreso de Israel y establecieron el slogan “Lo que pasó en Gaza puede pasar en tu casa” y también afirmaron que se trataría de una “colonización silenciosa” israelí en tierras de la Península de Yucatán.

La influencer y activista local, Vicky Wolff, alertó en redes sociales la vinculación de tecnología y empresas de Israel a la región de Yucatán con riesgo para los recursos naturales locales; argumentó analogías de despojo territorial o intervención de recursos como el agua, similares a los antecedentes del conflicto palestino.

De igual forma, el Comité de Solidaridad con Palestina–Yucatán, ha denunciado las acciones genocidas del gobierno de Israel y exigió que se rompan lazos comerciales, universitarios o de seguridad que vinculen a la entidad mexicana con ese país.

En tanto que Acción Pacífica en Mérida, otro organismo no gubernamental, exigió que el gobierno de Yucatán rompa relaciones comerciales con Israel ante el genocidio en Gaza.

Sin embargo, hasta el momento los activistas locales no han aportado pruebas de que empresas israelíes pretendan controlar el agua de Yucatán o que, por ejemplo, el corporativo Israel Trade&Investment, participante en la Pro Agro Innovación 2026, ya esté operando oficialmente en el Estado.

Una de las preocupaciones planteadas por usuarios en redes sociales es que la tecnología israelí, presentada como una solución a la escasez o al uso ineficiente del agua, pueda generar dependencia de proveedores privados y extranjeros. Desde esa perspectiva, los críticos sostienen que las empresas de Israel se aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de una región y después se ofrecen productos y servicios para atender el problema.

En este tenor, los cuestionamientos denuncian las acciones genocidas contra Palestina y sus habitantes, donde la destrucción de infraestructura durante las operaciones militares israelíes afecta los servicios esenciales, entre éstos, el abastecimiento de agua y su saneamiento.

El 27 de septiembre, La Jornada, con información de agencias internacionales, reportó que colonos israelíes desviaron manantiales que abastecían a comunidades palestinas de Cisjordania.

Según el reporte, el agricultor palestino Saad Nemer denunció que la interrupción del suministro destruyó sus cultivos. El organismo militar israelí encargado de asuntos civiles en ese territorio reconoció que el desvío se había realizado sin autorización y anunció que lo investigaría.

Estos hechos documentan denuncias sobre la privación de agua a comunidades palestinas y sus consecuencias para la agricultura. Sin embargo, deben distinguirse de la afirmación de que Israel contamine deliberadamente los recursos para después vender tecnología que permita recuperarlos, una hipótesis que requiere pruebas específicas y que no queda acreditada con los antecedentes disponibles.

A partir de ese contexto, los críticos mexicanos advirtieron los riesgos de permitir que empresas de un país involucrado en ese conflicto tengan mayor presencia en sectores estratégicos mexicanos.

Establecieron la necesidad de transparentar los acuerdos, las empresas participantes y las condiciones bajo las cuales se incorporará tecnología extranjera a actividades relacionadas con el agua. Aseguran que en una entidad donde la protección de los recursos hídricos es fundamental para la población y la producción agrícola, conocer quién suministra las herramientas, cómo se utilizan y quién supervisa su operación resulta relevante para evaluar sus beneficios y posibles riesgos.

Caso Chihuahua

En Chihuahua, la cooperación en materia hídrica firmada en 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo, la posible participación de empresas privadas y los resultados obtenidos.

En septiembre de 2026, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez solicitó nuevas explicaciones sobre los alcances del convenio, incluidos los mecanismos de financiamiento, las acciones realizadas y las empresas involucradas.

La controversia generó interrogantes sobre la supervisión pública de este tipo de acuerdos, aunque aún no demuestra que exista una transferencia de los recursos hídricos a Israel.