Juez se basó en videos editados para liberar a ‘Don Rodo’: Rosa Icela

El juez federal Rogelio León Díaz Villarreal, quien ordenó la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, presunta pieza central en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía y en cambio dio validez a videos editados en los que se presume una manipulación.

Así lo denunció esta mañana en la conferencia presidencial la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aunque reconoció que la autoridad federal se demoró en cumplir la orden de un juez en liberar al acusado, fue para cuidar a la población, a las instituciones de seguridad y evitar el escarnio de gobiernos extranjeros.

“Aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para copiar toda la información y proteger la dignidad del Estado mexicano aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que pagaremos, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros”.

Agregó que por la relevancia del caso, se pidió el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual por escrito contestó al gobierno federal se justificaba el actuar del juzgador.

De manera paralela, se pidió la colaboración de Estados Unidos para que se corroborara si existían investigaciones o denuncias contra el presunto responsable —detenido el pasado 21 de abril y quien es hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes—, a lo que Washington no confirmó orden o proceso pendiente en su contra.

Debido a esto, señaló la funcionaria federal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Oseguera Cervantes fue liberado anoche.

Tras la detención del presunto delincuente —quien fue aprehendido con armas de alto poder, más de 2 mil pastillas de fentanilo y varios gramos de cocaína—, se le envió al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, estado de México, el cual abandonó ayer tras la decisión del juzgador.

Las autoridades lo acusan de participar en delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.

“Sorpresivamente, y pese a que la Fiscalía General de la República aportó la carpeta de investigación y elementos para solicitar legalidad de detención y vinculación a proceso de esta persona, el juez Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y en consecuencia ordenó su inmediata liberación”, apuntó Rodríguez.

Refirió que esa decisión se tomó el domingo a las cuatro y veitincinco de la mañana.

“El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente (sólo otorgó tres horas) a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado; en cambio admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación”, subrayó la secretaria.

Detalló que por tratarse de un asunto “de relevancia e interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, ayer se solicitó a la SCJN su intervención a fin que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia. Ante ello el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez”.

Agregó que de manera paralela se pidió a las autoridades estadunidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes “con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas”.

Ayer mismo, el gobierno de Estados Unidos respondió por escrito en donde no confirmó algún proceso u orden pendiente en contra del detenido.

“Por los que fue puesto en libertad durante la noche (de ayer) en los términos ordenados por el juez”.

Rosa Icela Rodríguez apuntó que “este caso es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del CJNG. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó el libertad a (Rafael) Caro Quintero, en 2013, y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanos que sufren de forma directa o indirecta lo efectos del crimen organizado”.

Con información de «La Jornada»