Durante 2023, el IACIP ratificó mil 247 rechazos de instituciones que ocultaron información.

En Guanajuato, el IACIP –Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato– apoya la opacidad en el uso de recursos públicos.  

El año pasado, el IACIP ratificó mil 247 rechazos de instituciones que no respondieron a las solicitudes de información. 

Los ciudadanos pedían datos, ya fuera a los gobiernos estatal y municipal, al Poder Judicial, al Congreso de Guanajuato y a los sindicatos que reciben dinero del presupuesto público, es decir, de nuestros impuestos, pero se los negaron en dos ocasiones.

Primero, la oficina que maneja directamente los recursos se negó a informar, y luego el IACIP apoyó esa negativa. 

Los mil 247 rechazos a dar información equivalen al 51 % de las solicitudes que se hicieron al Instituto de Acceso para que revisaran las negativas de los gobiernos y los obligaran a dar la información.

AM ha registrado varios casos en los que el IACIP ratifica la opacidad de las instituciones públicas. 

Hace unos días, AM solicitó información al ISSEG sobre el precio al que compra al proveedor las vacunas Pfizer contra el COVID, y fue negada. 

Enseguida se presentó un recurso ante el IACIP para que revisara la negativa del ISSEG dado que se trata de una institución obligada a informar sobre el uso de los recursos públicos.

La respuesta del Instituto de Acceso a la Información Pública ratificó la negativa del ISSEG.

AM también solicitó información sobre Guanajuato Leasing, una arrendadora de vehículos creada con recursos del ISSEG y empresarios guanajuatenses. 

Se pidió información sobre sus actas, estados de cuenta, estados financieros y declaraciones. El Poder Ejecutivo indicó que no podría proporcionar información, ya que la empresa se transformó en mayoritariamente privada. 

Ante la negativa, AM recurrió al IACIP y recibió una respuesta confusa que indica que el ISSEG debe detallar por qué niega la información.
Lo mismo ocurrió con preguntas de ciudadanos que quieren conocer el uso de recursos públicos de municipios, sindicatos, Congreso de Guanajuato, Fiscalía, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros. 

Lo mismo ocurrió con preguntas de ciudadanos que quieren conocer el uso de recursos públicos de distintas instituciones y que se toparon con la negativa de proporcionarlos.

Caso por caso

La comisionada presidenta del IACIP, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, detalló que cuando llega un recurso de revisión al Instituto se asigna a un comisionado, actualmente son tres, para que elabore su proyecto de resolución ante la información que se entrega por parte de las dependencias y los solicitantes. 

Precisó que cada recurso tiene sus particularidades y se atienden bajo una análisis casuístico (razonamiento basado en casos), y cuando se modifica una respuesta de información es porque no se atiende a cabalidad la entrega de los datos o no se atendió la normalidad de motivación o fundamentación de la reserva de información o su confidencialidad. 

“En 2023 se reporta que el 81 % fueron resoluciones en favor de la persona que solicitó la información. Tanto la modificación como la revocación atendieron a una necesidad de proporcionar una necesidad de garantizar el derecho al acceso a la información”, dijo. 

Informó que el pleno del IACIP sesiona cada ocho días de manera colegiada para dictaminar los recursos bajo las cuatro modalidades: modificar, sobreseer, revocar, confirmar, de acuerdo a cada caso. 

Acusa al IACIP de proteger al Gobierno Estatal

Los casos que resuelve el IACIP -a favor de ocultar los datos que solicitan los ciudadanos- están visibles en la plataforma de la institución.

En uno de los casos, un ciudadano solicitó al Municipio de Guanajuato una relación del número y los predios embargados por no pagar el impuesto predial.

Las autoridades le negaron los datos y el interesado inició un recurso ante el IACIP, el cual emitió una respuesta en la que revoca la respuesta municipal y le pide nuevamente una respuesta, otorgando o negando la información. 

“… que en el supuesto de negativa por clasificación, la autoridad responsable deberá sustentar y acreditar la actualización y vigencia de la causal de clasificación invocada”, dice la respuesta del IACIP. 

Para David Martínez Mendizábal, diputado local por Morena, la respuesta del IACIP fue tajante y ahora acusa al Instituto de encubrir al Gobierno Estatal.

El diputado denunció que el IACIP sirve de comparsa al Estado, por lo que no siempre los ciudadanos pueden conocer en qué se está gastando el Gobierno los recursos. 

El caso que litigó públicamente Martínez Mendizábal fue contra la reserva de información que hizo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) sobre el destino de los recursos destinados al Fidesseg –Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública-. 

‘Liberan aquello que no cause ruido’

Para el abogado Roberto Saucedo Pimentel, experto en transparencia, el criterio del IACIP es proteger la información, actúa en contra de lo que dispone el artículo sexto constitucional.

En vez de pensar en abrir, cierran la información; “aquí en el IACIP este principio lo aplican en sentido contrario, reservan todo y aquello que no cause ruido lo liberan”, denunció Saucedo Pimentel.

Este fenómeno, expresó, lo observó desde hace varios meses en varias solicitudes de información, por lo que ante la negativa de abrir los datos y proporcionarlos, procedió a realizar amparos contra el IACIP en los juzgados federales. 

Acudir a los tribunales federales para exigir la información pública es un gasto, y por ello serán pocas las personas que emprendan los amparos y demandas, advirtió Roberto Saucedo.

No solo implica tiempo, sino también contratar un abogado, copias y demás acciones para emprender el procedimiento legal y que sean los jueces los que resuelvan si la información se otorga o no”.

Bloque del IACIP

La comisionada presidenta del IACIP, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, indicó que en las resoluciones que se establece modificar o revocar se hace un seguimiento a cada una para verificar el cumplimiento. Además, la ley establece un plazo de cinco días para que las personas manifiesten cualquier inconformidad, pero de no hacerlo se da por cerrado y se archiva el expediente del recurso de revisión. 

Si las personas tienen dudas sobre cómo hacer sus solicitudes de información o los recursos, comentó que el Instituto se encuentra abierto para orientarlas para que ejerzan su derecho a la información. 

Finalmente, recomendó a los solicitantes que se encuentren atentos a las etapas procesales que sigue un recurso de revisión, para que puedan manifestar sus inquietudes sobre este, así como la respuesta que se otorgue. En caso de no estar conformes, hacerlo saber al Instituto para que se dé seguimiento.

José Rizo, secretario de Acuerdos del IACIP, detalló que durante el año 2021 en Guanajuato se registraron 30 mil 502 solicitudes de información a los sujetos obligados que existen en el estado. Para 2022, la cifra fue de 32 mil 239 peticiones, mientras que en 2023 sumaron 34 mil 298. 

En cuanto a los recursos, comentó que en 2021 fueron 2 mil 221 recursos de revisión, en 2022 ascendió a 2 mil 224, mientras que en 2023 se registraron 2 mil 154. 

El Secretario de Acuerdos informó que durante el 2023 del total de recursos de revisión se emitieron 982 resoluciones favorables, es decir, el 80 % a favor de las personas que mostraron una inconformidad. 

“El instituto, conforme a la Ley de Transparencia, se dispone que en la interpretación y resolución del pleno se dispone del principio de Máxima Publicidad y de Suplencia de la Queja. Quiere decir que basta que el ciudadano diga que la respuesta está incompleta para que el IACIP revise toda la actuación que tuvo la autoridad para allegarse de la información, su proceso de búsqueda en las áreas competentes”, aseguró José Rizo. 

Señaló que las resoluciones del pleno consideran en los razonamientos la aplicación de la Ley, donde se precisa que los sujetos obligados deben demostrar que la información se encuentra en una situación prevista de información reservada, clasificada o confidencial, o en su caso que no es competencia de sus unidades administrativas. 

“Los casos en los que se niega la información sin observar las formalidades y procedimientos de la propia Ley de Transparencia, el pleno considera o determina que deberá motivarse y fundamentarse correctamente cualquier tipo de negativa. Esa es la consideración al Pleno”, puntualizó José Rizo.

Con información de AM