Dejan a capricho anular elecciones por intervención extranjera
Los alcances de la nueva causal para fines de las elecciones de 2027 quedan en el limbo, toda vez que la falta de una regulación secundaria abre la puerta a diversas interpretaciones
Con la promesa de que se abrirá un diálogo con todas las fuerzas políticas para construir una propuesta de consenso, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, retiró el dictamen que reglamentaría la anulación de las elecciones por injerencia o intervención extranjera.
Sin embargo, la reforma al Artículo 41 de la Constitución con esa nueva causal de nulidad quedó previamente aprobada con 307 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 128 en contra y una abstención. El dictamen se envió al Senado para su confirmación o rechazo.
Hacia el cierre de la maratónica sesión que duró más de 32 horas y la clausura del periodo extraordinario de sesiones, el también presidente de la Junta de Coordinación Política envió a la Mesa Directiva la solicitud de retirar de la orden del día el dictamen que desde el martes quedó listo en la Comisión de Reforma Electoral.
En el texto, el líder de la mayoría expuso que era “con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis y construcción de los consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas, que fortalezca el contenido de la propuesta y privilegie un proceso legislativo abierto, responsable e incluyente”.
El hecho deja en el limbo los alcances de la nueva causal para fines de las elecciones de 2027, toda vez que la falta de una regulación secundaria abre la puerta a diversas interpretaciones respecto a las consecuencias de la reforma constitucional.
Existe el criterio en el Poder Judicial de que las normas constitucionales se aplican, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral podría calificar los futuros comicios a la luz del agregado al Artículo 41.
Nulidad posible, pero no tanto
El propio coordinador Monreal, al formalizar el retiro del dictamen en la tribuna de San Lázaro, ofreció un mensaje en el que dijo que la falta de una ley actualizada frena los alcances de la reforma constitucional, pero remarcó que esto no impide que su contenido se ejecute.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral cumple una función central al precisar los elementos constitutivos de las causales de nulidad, las cargas probatorias, los procedimientos aplicables y los criterios de determinancia que deben observarse para que la autoridad jurisdiccional califique la validez o la invalidez de una elección”, definió el morenista.
Desde esta perspectiva”, continuó, “mientras las nuevas hipótesis constitucionales no se desarrollen en la legislación secundaria correspondiente, subsistirá un margen relevante de indeterminación normativa respecto de sus alcances estándares probatorios y consecuencias procesales”.
Sin embargo, el presidente de la Jucopo aclaró que “esta situación no impide necesariamente la aplicación directa de la Constitución, pero sí puede dificultar su operatividad práctica, especialmente tratándose de una causal cuya acreditación exigiría delimitar su precisión, que debe entenderse como la intervención o injerencia extranjera”.
Tres renglones
La redacción original de la también llamada “Ley Monreal” o “Ley Masiosare” fue modificada por el coordinador de los morenistas a través de una reserva de su autoría y que establece que los resultados en las urnas se anularán cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Ricardo Mejía Berdeja (PT) sostuvo que la nueva redacción mejoraba la técnica legislativa. Héctor Saúl Téllez (PAN) ironizó que se habían pasado toda la noche asegurando que “cuatro renglones no eran peligrosos”, para finalmente cambiarlos en un 100 % por “otros tres renglones que quedan mucho peores”.
El texto original señalaba que la anulación procedería cuando “exista intervención de individuos; organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Al argumentar en favor de su propuesta, en la madrugada del jueves, el líder morenista expuso: “Sólo cuatro renglones son los que estoy proponiendo modificar en la Constitución. Que los gobiernos extranjeros no intervengan en los procesos electorales de México, que no haya alteración de la voluntad popular, que nadie tergiverse lo que el pueblo de México decida”
El líder de la diputación del PAN, José Elías Lixa, advirtió que “si no incluyen la nulidad por crimen organizado, no cuenten con nosotros”.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, hizo la misma contrapropuesta: “si le pusiéramos a esa nulidad la prohibición de que el crimen organizado participara en las elecciones, pues igual vamos hasta a favor”.
Iraís Reyes (MC) cuestionó que “a todo lo que molesta al poder se le llama injerencia” Patricia Elizondo (MC) cuestionó que con la reforma se pretendía blindar al partido gobernante. Y remarcó que la crítica extranjera no es intervención. “El verdadero enemigo de México no está afuera”.
La necesidad de la reforma, se destaca en el dictamen, radica en que las causales de nulidad actualmente previstas fueron diseñadas para proteger la equidad de la contienda frente a conductas internas, principalmente vinculadas con gasto, cobertura mediática y uso indebido de recursos.
Sin embargo, las nuevas formas de intervención o injerencia extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación.
En su turno, Luis Donaldo Colisio Riojas, de MC, reconoció que la injerencia extranjera en procesos electorales es un riesgo real y varios países han lidiado con operaciones de desinformación trasfronteriza, pero esta causal “abre la puerta a cualquier cosa, sin sujeto, sin intención, con un estándar de prueba que ninguna autoridad puede cumplir de manera objetiva y con un destinatario de la sanción que, en la mayoría de los casos, sería imposible identificar.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, consideró asimismo que la causal de nulidad que se agrega en la Constitución “es sumamente ambigua y sujeta a una interpretación peligrosamente discrecional”.
La reforma, dijo, tampoco tiene plazos suficientes para que las entidades federativas ajusten su regulación y, “ por si fuera poco, se pone en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales”.
En respuesta, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, advirtió que no se trata de un ajuste técnico ni de una modificación menor al sistema electoral, sino de una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias.
El morenista Juan Carlos Loera de la Rosa advirtió que el riesgo de intervención de gobiernos extranjeros y organismos del exterior siempre ha estado presente. Recordó al grupo Amigos de Fox, el financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht, vía sobornos a la campaña de Enrique Peña Nieto y a presidentes de otras naciones de América Latina.
Aludió asimismo al apoyo que el presidente Donald Trump ha dado al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien otorgó un préstamo de 20 mil millones de dólares, que permitirá al derechista gobernar cómodamente en su último período.
En México, insistió, la injerencia electoral de Estados Unidos tiene una larga historia, por lo que la reforma “protege la soberanía nacional”.
Su compañera de bancada, Cynthia López Castro precisó que diferentes países, entre ellos Estados Unidos, cuentan con leyes que prohíben la injerencia extranjera, por lo que, “aunque a algunos no les guste, “defenderemos la soberanía nacional con esta reforma a la Constitución Política, para que quienes decidan en México sean las y los mexicanos”.
