Comunidad LGBTQ+ acusa incongruencia del PAN pese a guiño de Libia

Mientras activistas trans se integran a campaña de la candidata a gobernadora apostando a “cambios de mentalidad”, otras aún padecen consecuencias de despidos por discriminación y evidencian freno de derechos en el Congreso.

No existe un compromiso genuino ni una nueva agenda a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ por parte de Acción Nacional, así lo visualizan activistas y personas de este grupo cuyas vidas han sido vulneradas por las omisiones de esta organización política de derecha que ha gobernado Guanajuato desde hace más de 30 años.

“Tiene más derechos un perro que yo”, expresa Kaheli a este medio. La historia de hostigamiento e impunidad que padeció la mujer trans como colaboradora de un gobierno panista, es de acuerdo con ella, reflejo de la incongruencia del partido.

En pleno proceso electoral, este partido tiene como protagonista a una joven política que peleará la gubernatura, y que ha mostrado concesiones que aparentan acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexogenérica, pues en el fondo su partido mantiene bloqueadas las legislaciones para garantizar derechos.

Como el más reciente ejemplo, la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, 16 de ellos representantes de la entidad, intentaron sin éxito frenar la iniciativa de ley para sancionar penalmente los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

En campaña, la candidata Libia Denisse García ha mostrado guiños con la población LGBTIQ+ para posicionar una nueva cara del PAN en Guanajuato. Pero en el ámbito electoral, el PAN estatal impugnó las acciones afirmativas que exigían a los partidos cuotas de personas de la diversidad sexual en las plantillas para los 46 ayuntamientos. “Fue una resolución hecha con los pies”, dijo en su momento el dirigente Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares.

En febrero pasado, en una votación histórica fue aprobada la Ley de la Diversidad Sexual y de Género en la entidad. Con excepción de las legisladoras Cristina Márquez Alcalá y María de la Luz Hernández que se ausentaron de la sesión, la bancada del PAN se sumó al voto unánime de reforma que representa un gran paso para las colectivas y asociaciones impulsoras que sacaron lograron sacar de la “congeladora legislativa” una iniciativa pausada durante 4 años.

Salvo esta nueva ley, al menos 20 iniciativas han sido archivadas por la mayoría legislativa de Acción Nacional. El grueso de los dictámenes fueron congelados por la comisión de Justicia, presidida por la diputada Cristina Márquez, quien después de dos periodos como diputada local, busca la diputación federal forzada por su partido político, que le quitó la intención de reelegirse.

Entre los pendientes, se encuentra garantizar el matrimonio igualitario desde su reconocimiento en el Código Civil; el derecho a la identidad de género; sancionar penalmente las “terapias de conversión”; tipificar los crímenes de odio en el Código Penal, así como la atención focalizada al acoso escolar motivado por preferencia sexual o identidad de género.

En el estado habitan más de 227 mil 957 personas sexodiversas, según datos arrojados en 2022 por la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI. Esta población corresponde al 4.9 de la población de la entidad y equivale a las poblaciones de los municipios de San Miguel de Allende y Moroleón juntas. La encuesta de este instituto es la única en su tipo a nivel nacional y es el estudio más reciente realizado hasta la fecha.

Las deudas legislativas y sus profundos efectos en las vidas de las personas LGBTIQ+ fueron retratados en un documental de la organización neoyorquina Human Rights Watch, que cuenta con los testimonios de una decena de personas transgénero, como la activista y actriz Ivanna Tovar, y Kaheli, una profesionista despedida en el año 2020 de la administración municipal de Guanajuato capital, encabezada por Alejandro Navarro Saldaña, luego de transicionar a su nueva identidad.

En entrevista ambas mujeres, quienes son referentes para otras personas transgénero en la entidad, coincidieron en que el nuevo rostro del PAN no es más que una simulación de “buenas intenciones” que instrumentaliza a un movimiento que con empeño ha conquistado derechos en este y otros territorios.

“Con todas las acciones que han llevado históricamente en el estado de Guanajuato hacia las diferentes poblaciones de la comunidad nos ha mostrado una postura, y no ha cambiado esa postura (…)Tienen como una falsa agenda que manejan de dientes para afuera y claramente no son personas que estén comprometidas realmente ni con esta lucha ni con estas causas”, dijo la artista Ivanna Tovar en entrevista para este medio.

La trayectoria de Ivanna es trascendental para entender la ferocidad con la que las personas de la diversidad sexogenérica deben enfrentar las omisiones de las autoridades que, por falta de voluntad o ideologías que no deberían interferir en sus funciones, han negado derechos a esta población.

En 2017, Ivanna se convirtió en la primera persona trans en recibir su título como Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guanajuato, tras migrar a la CDMX para modificar su identidad legalmente. Sin embargo, tuvieron que pasar 5 años para que en Guanajuato el registro civil diera validez legal a su nueva acta de nacimiento.

La activista, que ha visibilizado la lucha de las mujeres transgénero a través del teatro cabaret desde hace casi una década, considera que confiar en la “nueva agenda” de Acción Nacional es “dar un salto de fe”.

Entre 2022 y 2023, Ivanna estuvo detrás -de la mano de la organización Amicus- del litigio estratégico que tuvo como resultado una ley para otorgar recursos públicos desde el estado a diversos rubros de interés para las personas LGBTIQ+. No obstante, en el ejercicio fiscal 2024 el presupuesto otorgado para el proyecto ejecutivo de una clínica especializada en atención a esta población fue inicialmente de 1 millón de pesos. Fue una reserva del diputado panista Martín Camacho la que elevó con su aprobación este recurso a 11 mdp.

“Todos los avances representan un pasito más para esta lucha colectiva que lleva años y que llevamos mucho tiempo trabajando desde distintas trincheras, entonces todo paso positivo suma. Sin embargo, no hay que darle el crédito a las personas que han sido los principales opositores, si se avanza en el Congreso es porque hay toda una carga de presión social detrás, hay una lucha constante fuera de estas puertas en las que seguimos poniendo muchas personas la cara, el cuerpo, la voz”, precisó la activista.

Con información de «POPLAB»