Las desapariciones en Guanajuato
Han sido 26 colectivos de búsqueda y las decenas de personas buscadoras independientes quienes han denunciado y empujado a las instituciones, frente al incremento de las violencias y las desapariciones en Guanajuato, y lo han hecho bajo su propio riesgo, sufriendo amenazas, desplazamientos forzados, acoso y ataques mortales.
El 19 y 20 de abril pasado, quienes integramos la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto académico y político de acompañamiento y fortalecimiento de los colectivos de víctimas y sobrevivientes de la violencia en Guanajuato, decidimos sumarnos a la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, convocada en marzo por más de 250 organizaciones de familiares de personas desaparecidas del país, y, más en general, a la iniciativa de favorecer la unión nacional y el dialogo entre las agrupaciones.
Esto se da en el contexto de las campañas para las elecciones del 2 de junio en las cuales las candidatas y el candidato a la presidencia y las candidatas a la gobernatura del estado de Guanajuato no han planteado propuestas concretas, claras y detalladas sobre la desaparición y búsqueda de personas y la crisis forense.
La Jornada fue una acción de búsqueda conjunta y simultánea a lo largo y ancho del país, realizada de diversas formas: en vida, en campo, volanteo, foros y/o acciones en espacios públicos para visibilizar sus exigencias. “Es un proceso de unificación nacional”, han dicho las familias convocantes. Las actividades culminarán en mayo, con una Mega Marcha en CDMX para el Día dela Madres.
En Guanajuato, además del apoyo y difusión de la búsqueda realizada por los colectivos de familias de personas desaparecidas, la Plataforma hizo público un boletín con información actualizada sobre las desapariciones en la entidad. Es un ejercicio periódico que el autor de esta columna y el defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval realizamos desde hace 4 años, ante la ausencia o imprecisión de la información y de los registros oficiales, a través de comunicados, artículos y las cuentas X / Twitter @DesapGto y @plataformagto
Sobre el número de personas desaparecidas
Al corte del 15 de marzo de 2024, oficialmente existe registro de la desaparición de 4,185 personas en Guanajuato: se desconoce su paradero y, por ley, presumimos que han sido víctimas de algún delito y deben ser buscadas por las autoridades. La problemática ha estado aumentando constantemente en la entidad.
Particularmente, entre el 30 de abril de 2018 (último corte del antiguo y hoy extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas) y el 15 de marzo del año en curso, en un periodo de poco menos de 6 años, las personas desaparecidas han crecido de casi 7 veces, de 621 casos a casi 4,200. De estos, 3,572 son hombres y 611 mujeres (2 de “sexo indeterminado”); 3,933 son mayores de edad y 241 menores (11 de “edad indeterminada”).
Los municipios con más personas desaparecidas (superiores a 200) son: Celaya (505), Irapuato (472), León (459), Villagrán (265), Pénjamo (222) y Salamanca (210).
Como proporción de la población, las ciudades con mayores tasas de personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes son: Villagrán (con 401.3), Cuerámaro (217.1), Juventino Rosas (215), Uriangato (159.4), Apaseo el Alto (153) y Pénjamo (140). Villagrán y Pénjamo aparecen en la lista de las primeras seis ciudades tanto en números absolutos como en porcentaje de su población.
Sobre las fosas clandestinas y los cuerpos sin identificar
En el estado de Guanajuato, con base en análisis cruzados de fuentes oficiales (Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía General del Estado, mediante solicitudes de transparencia e informes públicos), datos de la prensa (para los años 2009-2020) e información de colectivos de búsqueda (Brigada Independiente de Búsqueda de Hasta Encontrarte; y Una Luz en Mi Camino), entre 2009 y marzo de 2024, tenemos registro del hallazgo de más de 550 fosas clandestinas, con una cifra aproximada superior a 1,000 cuerpos.
Aunque los datos definitivos, por municipio y por tipo de fuente, serán divulgados en las próximas semanas en un informe especial de la Plataforma y la Universidad Iberoamericana León, sabemos que cerca del 80% de estos entierros ilegales y de las personas encontradas se refieren al lapso temporal de los últimos 4 años (2020-2024). A nivel geográfico se concentran en el área del corredor industrial, la región Laja-Bajío y zonas fronterizas con Michoacán y Jalisco.
Los datos sobre desapariciones no tienen en cuenta la cifra negra, es decir, el registro de aquellas personas desaparecidas cuyas familias no han interpuesto reporte o denuncia y que, según el testimonio y la documentación de los 24 colectivos de familiares en Guanajuato, podría sumar centenares de víctimas más a los números oficiales. Lo anterior evidencia cómo la práctica del subregistro de casos y la ausencia de registros públicos confiables, comparables y accesibles, que cumplan con el mandato de las leyes vigentes, son situaciones preocupantes y persistentes, tanto a nivel estatal como federal.
Cabe señalar que hasta septiembre de 2023, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía estatal señalaba la presencia de 950 cuerpos (847 sin identificar, 103 identificados no reclamados) en resguardo en el Parque Funerario (o “Panteón Forense”) de la capital estatal, Al 15 de enero de 2024, había 935 cuerpos en resguardo en el Parque Funerario de la Fiscalía, de los que 849 sin identificar y 86 identificados no reclamados. Entonces, estas cifras no han cambiado sustancialmente en el último semestre.
Fosas comunes y panteones: urgentes búsqueda e identificación
Sin embargo, preocupa el hecho de que sí ha cambiado substancialmente la cifra de cuerpos inhumados en fosas comunes de los panteones municipales del estado: la fiscalía en 2023 tenía registro de 825 cuerpos sin identificar, inhumados en fosas comunes de panteones de todo Guanajuato. Estos son cuerpos inhumados y registrados por la fiscalía entre 2012 y 2020 que se encontraban, hasta 2023, en panteones municipales.
Al 8 de febrero de 2024, en cambio, estos eran sólo 376, o sea, se declaran 449 cuerpos menos que los 825 del año pasado. Por otro lado, no se declara que hayan sido movidos estos cuerpos de los municipios al panteón forense de la capital. Además, los propios municipios dan cifras distintas de las que entrega la fiscalía sobre el número de cadáveres que resguardan en sus panteones. Así que inferimos que los registros están mal integrados, desactualizados y son parciales, impactando negativamente en el tema de la búsqueda, la identificación forense y los casos de larga data.
En general, detectamos una cadena interinstitucional e intergubernamental de responsabilidades incumplidas y autoridades omisas que, en su conjunto, tienden a invisibilizar el fenómeno de las desapariciones, a impedir un análisis de contexto adecuado y a realizar búsquedas e investigaciones sin la debida diligencia y prontitud.
Sobre el incumplimiento de mecanismos internacionales
Denunciamos la falta de avance en los 15 casos de Acciones Urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que desde 2021 la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha promovido y acompañado en la entidad.
Éstas agrupan la búsqueda de una veintena de personas desaparecidas. De éstas, ha sido localizada sin vida el 30%, mientras el resto se mantienen activas, sin que exista un avance en el cumplimiento de los planes integrales de búsqueda solicitados por la ONU. Prima la informalidad, la improvisación y la revictimización en la forma de actuar de las autoridades en estos casos que se presentan ante Naciones Unidas.
La Plataforma el 28 de febrero participó en la histórica Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. D.C. sobre el asesinato a personas buscadoras en México, denunciando la situación de riesgo que se enfrenta en el país, mostrando casos que representan situaciones generales en Sinaloa, Puebla, Zacatecas y Guanajuato.
Han sido 26 colectivos de búsqueda y las decenas de personas buscadoras independientes quienes han denunciado y empujado a las instituciones, frente al incremento de las violencias y las desapariciones en Guanajuato, y lo han hecho bajo su propio riesgo, sufriendo amenazas, desplazamientos forzados, acoso y ataques mortales. Lo cual, desde luego, vale para otras regiones de México.
En dicha Audiencia ante la CIDH se denunció el asesinato de al menos 20 personas buscadoras en el país, dónde lamentablemente Guanajuato ocupa el lugar de la entidad más mortífera para las buscadoras, con al menos 5 asesinatos registrados (y existen al menos otros 4 que no se han hecho públicos). Esto, además del caso de la buscadora Lorenza Cano, que cumplió tres meses desaparecida sin que exista un avance en la investigación.
Con información de «PopLab»
